El programa, elogiado como una de las mayores iniciativas presidenciales permitía que los cónyuges y los hijastros de ciudadanos estadounidenses solicitasen la tarjeta de residencia permanente sin tener que salir primero del país. La medida contra la deportación brindó una breve sensación de seguridad a las 500,.000 personas que se estima que se podrían beneficiar de ella.
Barker dictaminó que el gobierno se había extralimitado en sus funciones con la aplicación de la norma y estiró la interpretación legal de la ley de inmigración pertinente “más allá de su punto de ruptura”.
Era poco probable que la iniciativa de Biden, conocida como “Keeping Families Together” (Manteniendo a las familias unidas), se mantuviese después de que el presidente electo, Donald Trump, asuma el cargo en enero. Pero su final anticipado crea una mayor incertidumbre para las familias migrantes, mientras muchas se preparan para el regreso del republicano a la Casa Blanca.
La medida se habría aplicado a personas que han vivido de forma continuada en el país durante al menos 10 años, no representan una amenaza de seguridad y han utilizado la herramienta legal conocida como “parole in place”, que ofrece protecciones contra la deportación.
Aquellas personas casadas con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio, el día antes de que se anunciara el programa, podían pagar una tasa de solicitud de 580 dólares y rellenar una extensa solicitud explicando por qué merecían beneficiarse de la iniciativa. Si se aprobaba, los solicitantes tendrían tres años para pedir la residencia permanente y obtener un permiso de trabajo.
Los cónyuges no ciudadanos pueden legalizar su estatus, pero normalmente deben solicitarlo desde sus países de origen. El proceso suele incluir una espera de varios años fuera de Estados Unidos, lo que puede separar a los miembros de una familia con diferentes estatus migratorios.
